Oralidad en el Sistema costarricense, corrección y ampliación de la acusación en el juicio oral

 

Jenny Quirós Camacho*

Contenido:

I.                    INTRODUCCIÓN.

 

II.                 ¿POR QUÉ EL CAMBIO?

a)La historia nos habla.

              b)El problema de la delegación de funciones y la falta de equilibrio en la distribución de los  poderes  procesales.

 

     III.        ¿Y QUE TIENE QUE DECIR EL COSTARRICENSE DE ESTOS CAMBIOS PROMOVIDOS DESDE   NUESTRA DISCIPLINA JURÍDICA?   

 

IV.              UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR AUDIENCIAS

 

     V.      SISTEMA ORAL Y MODIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN: 

 

     VI.   SITUACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO PENAL EN COSTA RICA

 

     VII. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE UN ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL A LA LUZ  DE LOS PRINCIPIOS DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO POR AUDIENCIAS :

                i. Aspectos generales:

               ii. Modificación de la acusación en un proceso penal  por etapas

              iii. El proceso penal como ejercicio democrático.

              iv. Sobre los roles dentro de un sistema adversarial

 

       VII.      BIBLIOGRAFIA

 

 

I.                    INTRODUCCIÓN

 

Sabemos que la oralidad en Costa Rica se inició en materia penal en 1973, con  un Código Procesal Penal inspirado en el de la Provincia de Córdoba, Argentina, que habían elaborado los juristas Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler.

 

El 28 de marzo de 1996 la Asamblea Legislativa aprobó en nuestro país un nuevo Código Procesal Penal, que entró a regir a partir del primero de enero de 1998 y que se ajusta a los principios del Movimiento de Reforma procesal en América Latina, fortaleciendo la aplicación y práctica de los principios procesales ya anunciados en el Código anterior. [1]

 

Los cambios principales de este Código es el rol asignado al Ministerio Público, quien es ahora el encargado de la investigación; la creación del denominado Juez de garantía y  la creación de una etapa intermedia para dilucidar allí el destino de la causa. (además de la creación de modos alternativos de terminación de los procesos, tema del que no nos ocupamos en estas líneas).

Tal como veremos a lo largo de esta exposición, la afirmación anterior, que suena a verdad de Perogrullo,  tiene gran incidencia en la forma cómo tratemos el tema de la acusación que hoy nos ocupa.

El proceso está diseñado así:

 

-una fase preparatoria de investigación: en la que el Ministerio Público investiga y se prepara el caso.

 

-una fase intermedia: ante el juez, en la que se decide e destino de la causa, es decir, si existe mérito para llevar el asunto a juicio, si hay que sobreseer al imputado si el asunto termina mediante vías alternativas. En esta fase está prevista una audiencia oral con la posibilidad de participación de todas las partes.

 

-una fase de juicio: que es la fase más importante del proceso porque en ella se produce la prueba y se enfrentan las partes ante el tribunal.

 

-una fase de recursos.

 

-una fase de ejecución.

 

Veremos en las líneas siguientes cuál es la relación entre la oralidad, el proceso penal, el diseño de fases procesales y la modificación de la acusación.

 

 

 

 

 

 

II. ¿POR QUÉ EL CAMBIO?

 

a)      La historia nos habla:

 

El sistema procesal vigente hasta hace poco en casi toda América Latina es básicamente el mismo que los países latinoamericanos recibieron como colonias españolas desde la época de la conquista, y que ha sido mantenido durante la vida republicana independiente de estos países.  Yo suelo decir en mis charlas que los conquistadores vinieron a Nuestramérica con una santísima trinidad, constituida por la cruz, la espada y la escritura. 

 

Sin embargo, sabemos que durante ese mismo período, en los países de Europa continental incluida España, los ideales liberales del siglo diecinueve y los estándares internacionales de derechos humanos en el siglo veinte han producido modelos completamente diferentes de justicia penal. [2]

 

Aquel sistema inquisitivo heredado por América Latina era esencialmente escrito, en el cual el juez concentraba las funciones de investigar, acusar y sancionar. La Reforma Procesal Latinoamericana, en cambio, parte de la necesidad de la oralidad como medio de alcanzar los fines del proceso, recogiendo la experiencia histórica que muestra a la comunicación oral como el medio utilizado tradicionalmente en los sistemas procesales acusatorios o marcadamente acusatorios para la consecución de la justicia.

 

Sin embargo, debemos estar alertas, porque  la cultura construida a través de una historia inquisitiva nos marca y nos hace invisibilizar situaciones graves. Algunos de nuestros jueces se siguen sintiendo depositarios de la seguridad ciudadana, y se tornan guerreros contra la impunidad, aunque en ocasiones ello implique entender al imputado no como sujeto sino como objeto del proceso, no como un fin sino como un medio.

 

  b) El problema de la delegación de funciones y la falta de equilibrio en la distribución de los poderes procesales.

 

La Reforma Procesal  parte de la necesidad lograr la desconcentración de funciones, al pasar al Ministerio Público  la investigación y la acusación.

 

En el sistema anterior la fase de investigación era realizada por los jueces siendo ésta secreta y en ocasiones mediada por actuarios y oficinistas, de manera que las víctimas y los imputados tenían escaso contacto con los jueces  a lo largo del proceso. El juez despachaba órdenes de investigación a los policías sin un efectivo control sobre ellos. El juez recopilaba pruebas para la decisión final de condenatoria o absolutoria del imputado, quien tenía limitado poder de controlar el proceso. Todo el proceso se desarrollaba por escrito y se reflejaba en expedientes conformados de papel.

 

En contraste, en el nuevo sistema la investigación es llevada a cabo por el Ministerio Público, quien solicita diligencias a las policías y representa los intereses de las víctimas. Por su parte, el Juez de garantías controla el correcto desarrollo de la investigación y sólo interviene en caso de conflicto o de posible lesión a los derechos fundamentales de las partes. Los acusados tienen acceso a un defensor público quien está llamado a ejercer control de las actuaciones de la investigación y de las actuaciones jurisdiccionales.

 

Se ha comprendido que la distribución de cargas, el control recíproco y la transparencia que se pretenden,  son alcanzables mediante un sistema idealmente oral y público, en el cual las actuaciones se producen en audiencias con la participación de las partes para garantizar el principio de contradictorio.

 

Es decir,  si vemos que por un lado se encuentra la parte investigadora y acusadora y por otro el imputado con su defensor,  entendemos el carácter adversarial del proceso, en el cual cada parte tiene un rol activo. Se comprenderá entonces también la necesidad de un juez descontaminado, que escuche [3] a las partes y resuelva el asunto de  manera objetiva, es decir, sin los pre juicios que se forman cuando ya ha conocido el asunto por medio del expediente.

 

Se suponía entonces que a partir de la Reforma los jueces resolverán conociendo a las partes, recibiendo la información directamente y no por medio de actuarios o auxiliares, logrando mayor transparencia de la actuación jurisdiccional  hacia las partes y hacia el público. E

 

En síntesis se partió de que la forma de lograr los objetivos democratizadores del proceso penal como son la inmediación, la concentración, la contradictoriedad  y  la publicidad,  no es el proceso escrito sino un proceso oral, por permitir a los intervinientes procesales la reunión, participación y contradicción en la producción de información,  en el análisis de las pruebas y en la obtención de las conclusiones del caso.

 

III.             ¿Y QUE TIENE QUE DECIR EL COSTARRICENSE DE ESTOS CAMBIOS PROMOVIDOS DESDE NUESTRA DISCIPLINA JURÍDICA?

         

Véase que la idea base sobre la que se monta todo el esquema de la reforma parte de que a través del lenguaje es posible resolver o decidir los conflictos. Yo debo decirles que desde las perspectivas de otras disciplinas han sido desarrolladas posturas teóricas encontradas respecto de esa idea, que me motivaron a llevar a cabo una investigación universitaria de campo a efecto de conocer ¿cuál es el pensamiento del costarricense en ese sentido para la materia penal?

 

De lo recogido hasta el momento tenemos que las personas prefieren la oralidad en lugar de la escritura para la tramitación de los procesos penales, por múltiples razones que en otra oportunidad podría desarrollar.  Se trata de razones de gran contenido humano, emanadas desde lo más esencial de las necesidades de las personas de carne y hueso como seres sociales, que reclaman del sistema de Justicia un medio para ser escuchados, un espacio de inclusión social, una voz de reconocimiento de su individualidad y del daño sufrido.

 

No obstante, se han señalado algunos aspectos en los cuales es necesario trabajar para mejorar. Los he clasificado en 4 categorías:

 

1.                     el elemento humano (errores de los actores procesales en las distintas etapas del proceso)

2.                     las limitaciones propias del lenguaje jurídico (quién entiende y quién no)

3.                     recursos materiales y apoyo tecnológico para preservar lo acontecido a efecto del control de las partes y de los jueces (grabaciones y estenógrafas)

4.                     Necesidad de capacitación

 

Y es sobre esos aspectos sobre los que tenemos que seguir trabajando, y probablemente serán los aspectos sobre los que tendrán que trabajar las otras materias distintas de la penal cuando sea implementada la oralidad en sus procesos judiciales

 

En ese sentido, yo no quisiera terminar esta sección de la exposición sin hacer dos reflexiones:

La primera: que el proceso por más oral que logremos implementarlo, siempre estará rodeado de recursos “escriturarios” como son videos, grabaciones, actas y por supuesto algunos documentos. Aún y cuando suprimiéramos todos los “papeles” ya esos elementos son registros, ajenos en principio al mundo de la oralidad

 

Desde la perspectiva de otras disciplinas oralidad es identificada principalmente con sociedades tradicionales, y escritura con sociedades “complejas”. En cambio, desde el punto de vista jurídico oralidad se ha pretendido identificar con naturalidad y sencillez, en tanto escritura es relacionada a formalidad en la manera de comunicación. Lo importante de percatarnos de lo anterior, es reconocer que en el contexto de un proceso penal, en una sociedad moderna del siglo XXI, resulta imposible el purismo. La escogencia entre oralidad y escritura debe ser entendida como la posibilidad de dar preponderancia a la palabra hablada o la palabra escrita en el seno del proceso, sin desconocer que cualquiera que sea la escogencia, en mayor o en menor medida una forma influirá sobre la otra, bien directamente, bien desde las estructuras de pensamiento producidas por ambas formas de comunicación desde procesos sociales e individuales  muy anteriores a cada juicio concreto. [4]

 

Por ello es que observamos que la Reforma Procesal habla de oralidad como correlativa a inmediación, publicidad, transparencia y desconcentración de funciones -todo lo cual evoca aquella sencillez con que podía haberse desarrollado el proceso judicial en una de las llamadas sociedades tradicionales o ágrafas-,  al tiempo que habla de modelos de gestión, tecnología y capacitación. Es decir, se tratará de una preponderancia de la oralidad en la medida en que ésta reporte beneficios a los efectos de los fines sociales asignados al proceso judicial, pero que se verá enriquecida de algunos de los recursos propios de las sociedades escriturarias y tecnológicas, en la medida en que estos coadyuven al logro de propósitos muy válidos como son el control de las partes sobre la prueba, el control de la sociedad sobre el juicio y la prontitud en la administración de justicia, pues no hay que desconocer que el proceso judicial forma parte integrante del desenvolvimiento social, y como tal, está inmerso y debe beneficiarse del desarrollo de los conocimientos y de la tecnología.

 

De modo que la relación entre oralidad y tecnología no será de polaridad o de oposición, sino de potenciación por parte de una de los fines de la otra. Sabemos que la radio, el teléfono y la televisión han impulsado el alcance de la palabra hablada, es decir, de la oralidad. Sería de esperar que otros medios tecnológicos como los de video grabación, potencien las bondades de la oralidad en el seno del proceso.

 

La segunda reflexión que quisiera hacer es: que el camino recorrido hasta ahora por nuestro país en la implementación de la oralidad en la materia penal parece ser un viaje sin retorno en el que se puede mejorar cada día. Los instrumentos legales están dados. Para mejorar y dar al costarricense un proceso judicial oral de calidad se hace necesario el despliegue del trabajo de profesionales bien capacitados, la implementación de recursos materiales y tecnológicos suficientes, así como un paso cada vez más acelerado hacia un lenguaje más sencillo y natural que sea comprendido por todos, a efecto de lograr una verdadera democratización del proceso.

 

Debe quedar claro entonces que la preponderancia de la oralidad debe ser entendida como una vía para lograr un proceso penal  más participativo y de mejor calidad. Oralidad no significa improvisación, ausencia total de escritura ni festinación de las garantías procesales. La oralidad es un medio, y como tal, debe servir a otros fines. Nunca so pretexto de aplicar la oralidad, se deben conculcar las garantías, como ocurriría por ejemplo con la elaboración de “correcciones” orales de la acusación en la fase de juicio, que afecten el derecho de defensa, más allá de lo permitido por la ley, según veremos en líneas posteriores, pues esa no es la oralidad bien entendida que el costarricense reclama.

 

 

 

IV. UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR AUDIENCIAS

 

Si decimos que la Reforma Procesal partió de que la oralidad es el mejor medio y que investigaciones universitarias acreditan que los costarricenses desean mayor oralidad ¿por qué tenemos una primera etapa procesal de investigación con tanto papel y tan escrita? Por qué la audiencia preliminar se esta aplicando sin litigación, como un mero trámite burocrático?

 

En efecto, investigaciones universitarias en las que he participado acreditan que en la fase de investigación no se practica oralidad alguna; existe gran lentitud (casi dos terceras partes del tiempo que dura el proceso se consume en las fases de investigación e intermedia) [5] ; se imponen medidas cautelares sin haber escuchado a las partes; hay gran rigidez en la audiencia preliminar, la cual además no desempeña su papel de filtro de lo que no debe llegar a juicio; algunos defensores que no trabajan la audiencia preliminar; algunos fiscales viciando la voluntad de las víctimas a efecto de que no se llegue a soluciones alternas; jueces que no analizan los argumentos de las partes; funcionarios llenos de cantidades inmanejables de trabajo en todos los sectores, solo por mencionar algunos de los problemas de las etapas previas al debate. Y en la fase de juicio, desde jueces que le piden a las partes presentar las gestiones por escrito, hasta preguntas improcedentes del tribunal, pasando por resoluciones orales infundamentadas; tribunales amarrados por lo resuelto en la audiencia preliminar; falta de registros fidedignos de lo ocurrido en las audiencias; inexistencia en la práctica del principio de virginidad del juez; etcétera. En la casación y en la revisión, formalismo excesivo, ausencia de contradictoriedad, jueces que no ponen atención, delegación de funciones, en fin, una oralidad a medias o muy limitada.

Todos estos problemas,  que de una u otra manera compartimos Ustedes y yo, y que son comunes en mayor o menor medida en todas las zonas del país, tienen una gran relación con dos temas fundamentales:

  1. El tema de la asunción de roles de cada participante en el proceso
  2. El tema de cómo concebimos el trabajo de los procesos penales: como acciones encaminadas a conformar un expediente de papel.

 

La hipótesis de esta exposición sería : que en gran medida, el problema de la modificación de la acusación no es aislado, sino que es producto de estos dos aspectos  que en Costa Rica no hemos logrado superar.

 

Las quejas van desde jueces, fiscales y defensores que no asumen el rol que se espera de ellos, hasta jueces y fiscales que asumen roles que no les corresponde. Unos pecan por omisión, otros por exceso.

 

Pero si esto ocurre así de manera generalizada –como dejan ver las investigaciones- es justo concluir que las fallas no se deben de modo principal a desidia o mala fe de los profesionales del Poder Judicial en general, sino que la causa habrá que buscarla en otra parte. Creo que lo que ocurre es que existe un gran desfase entre lo que la gente espera de nosotros y lo que hemos aprendido que es nuestro trabajo tanto en juzgados y tribunales,  como en las fiscalías y en la defensa. Es decir, la forma en que hemos concebido nuestro trabajo, la forma en que la experiencia dentro de esta institución nos ha enseñado a proceder, la forma en que se nos ha enseñado la materia procesal penal en las universidades, nada de eso guarda relación con un sistema oral, ni con los principios que inspiran una justicia pronta y cumplida en los términos de nuestra sociedad actual. Por eso la gente en ocasiones se expresa con decepción, por eso hay queja por mora, y por eso la gente pone sus esperanzas en una oralidad pero bien llevada.

 

Lo lógico sería en realidad que todo el proceso sea oral, es decir,  tener un proceso penal producido por audiencias. Esto es lo que un grupo de funcionarios al amparo de la Presidencia de la Corte y de la Escuela Judicial, estamos mostrando por todo el país: las técnicas con las cuales se desempeña cada parte procesal en un sistema verdaderamente oral, como el que es acorde con el pensamiento que motivó la reforma procesal y que por la fuerza de la costumbre y la cultura inquisitiva de los actores procesales, no ha sido llevado a la práctica, a falta de la instalación mental de la lógica de un proceso acusatorio oral más democrático y transparente.

 

No es poco común encontrar países en que la audiencia se ha transformado en una formalidad o ritualismo vacío sin contenido alguno y que, además, constituye un cuello de botella en el funcionamiento del sistema. En muchos casos ello se debe a que falta claridad acerca de quién debe hacer qué en la audiencia y, además, por no existir imágenes específicas acerca de cómo debe hacerse lo que a cada uno corresponde. Una correcta definición de roles en el desarrollo de la audiencia resulta clave para que ésta cumpla efectivamente la función de ser una instancia de traspaso de información de alta calidad a quien está encargado de tomar una decisión que también pueda tener la mejor calidad posible y que, a su vez, cumpla la función de cautelar un entorno de justicia y razonabilidad a quienes intervienen en el proceso.

Una de las grandes ventajas de la metodología de audiencias es que permite un debate intenso de ideas entre las partes interesadas que permite producir información de mejor calidad para quien tiene que tomar las decisiones en el caso. Cuando no se permite ese debate, la información considerada para resolver el caso será indefectiblemente de menos calidad y, por tanto, con mayores posibilidades de error. Ello también infringe un principio básico que se encuentra detrás de la idea de audiencia, la contradictoriedad, que -a su vez- constituye una manifestación central del derecho de defensa en un proceso acusatorio.

 

Por lo anterior es necesario meditar sobre la forma en que actualmente concebimos el trabajo de los procesos penales: como acciones encaminadas a conformar un expediente de papel. En un sistema oral, nunca el material escrito puede reemplazar el debate en audiencia para la toma de decisiones relevantes. Ello sería reproducir la lógica del expediente y acabar con la metodología adversarial de un sistema acusatorio.

 

Un sistema marcadamente acusatorio exige la producción de resoluciones en audiencias, con la efectiva participación de las partes.  Dentro de ese esquema de audiencias el imputado y su defensor, a quienes corresponde defenderse de la imputación fiscal, deben contar con una acusación relativamente fija,  en un momento procesal determinado (en nuestro caso la fase intermedia) a efecto de garantizar un equilibrio procesal verdadero, dentro de ese juego justo que debe ser el proceso penal.

 

V. SISTEMA ORAL Y MODIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN: 

 

Conocidas las ideas centrales sobre  lo que debe ser un proceso penal oral marcado por las ideas acusatorias y democráticas, es fácil comprender que no puede haber  juicio sin acusación, a efecto de que el poder de control que ejerce la defensa sea apropiado, justo y oportuno. No hay quien pueda defenderse de algo que desconoce [6] . Por eso el imputado tiene el derecho de que se le haga una acusación formal, la cual se logra después de un proceso de investigación y debe contener una clara descripción de los hechos que se le atribuyen.

De modo que la acusación tiene como fines:

-definir el objeto fundamental y el objeto accesorio del proceso

-hacer factible una defensa apropiada

-establecer los límites de hecho de la sentencia.

 

Entonces es la acusación la que pone los límites, las fronteras que debe respetar la sentencia. El tribunal solamente puede fallar sobre el hecho que ha sido acusado, ya sea condenar o absolver. Este principio es violado cuando el tribunal condena, aunque sea por el mismo tipo penal, por un hecho diverso del que describió en la acusación el actor penal.

No se puede condenar por un hecho diferente aunque exista coincidencia en cuanto a la calificación legal. Toda sentencia tiene que ser congruente con su objeto, debe agotar el contenido de la pretensión, debe ajustarse a los términos de la acusación, la cual debe de haber sido intimada y no puede resolver nada que esté fuera de la misma. (Así: Maier Julio, La ordenanza Procesal Penal Alemana, Alemania, p 229.)

 

Por ello la posibilidad de introducir cambios en la acusación en la fase de juicio, no puede ser irrestricta. Si bien las legislaciones contemplan la posibilidad de modificar la acusación en esta etapa procesal, lo ideal es que ello no se produzca respecto de los aspectos centrales de la imputación, y en cualquier caso, que no resulte gravoso para ejercicio del derecho de defensa.

En Costa Rica, por ejemplo, el artículo 347 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de ampliar la acusación incluyendo un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación o la querella, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. Veamos:

“ARTICULO 347.- Ampliación de la acusación

Durante el juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación o la querella, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso deberán, además, advertir la variación de la calificación jurídica contenida en la acusación.

En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la acusación.”

 

Se permite además la simple corrección de errores materiales y la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación: 

“ARTICULO 348.- Corrección de errores

La corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la acusación o la querella.”

 

Las normas indicadas permiten concluir que,  en punto a la posibilidad de modificar la acusación luego de que la causa ha sido abierta a juicio, Costa Rica cuenta con una legislación que impone límites, y no deja al arbitrio de las partes ni de los tribunales la aceptación de cambios sorpresivos. Los cambios en la acusación en la fase de juicio se limitan a:

  1. La inclusión  de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación o la querella que

a)      modifica la calificación legal o

b)      integra un delito continuado

  1. La corrección de errores materiales y
  2. La inclusión de alguna circunstancia que no modifica esencialmente la imputación.

Tales especificaciones de la normativa vigente dejan ver que el legislador no consideró aceptable que la regla sea la posibilidad de modificación, sino que la regla debe ser la imposibilidad de modificación, con las escasas excepciones allí indicadas. No en vano en el numeral 365 del Código Procesal Penal se contempla el principio de congruencia entre acusación y sentencia, como parte integrante del debido proceso, razón por la que no se debe ni pueden acreditar otros hechos u otras circunstancias más que las descritas en la acusación inicial o con las eventuales correcciones o ampliaciones previstas en la ley  no sustanciales que se pueden producir.

 

 

VI. SITUACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO PENAL EN COSTA RICA

 

A continuación expongo a modo de ejemplo algunas de las resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, relativas al tema de la modificación de la acusación en la fase de juicio, con el propósito de evidenciar cómo ha leído dicho tribunal los cambios procesales operados en el pensamiento de nuestra disciplina jurídica.

 

No creo prudente analizar el tema de las modificaciones a la acusación en la fase de juicio, sin recordar que con la vigencia del Código de Procedimientos Penales vigente hasta 1997 Costa Rica vivió  el problema que se dio en llamar “la nulidad por la nulidad misma”. Se trató de una práctica según la cual muchos de los asuntos elevados a juicio eran devueltos por los tribunales de debate a etapas precedentes por errores en las acusaciones o requerimientos de elevación a juicio. Los errores en ocasiones eran graves pero en ocasiones eran nimios. Se frustraba con ello la efectiva celebración de los debates y se alargaba la tramitación de las causas.

Como respuesta a esta problemática, la Sala Tercera mediante su resolución 137-f-92 trató de dimensionar los alcances de la legislación en cuanto a las nulidades. Según dicha resolución:

Tampoco debemos aplicar la sanción de la nulidad frente a requerimientos mal redactados, confusos, equívocos en la descripción del hecho. En tales supuestos, lo que procede es aplicar los correctivos establecidos en nuestro sistema procesal, por medio del cual es posible para el representante del Ministerio Público realizar una acusación supletoria, corrigiendo los defectos que estime son esenciales, para que se le otorgue la oportunidad al imputado y a su defensa de contestarlos adecuadamente. En ese sentido debe proceder a formular oralmente la corrección en el curso del propio debate, de lo cual se dejará constancia en el acta, precisando con cuidado los cambios que se le hacen a la acusación. Si el hecho que motivó la corrección del requerimiento  ya se desprendía de la propia instrucción, la defensa no habrá sido tomada por sorpresa...y si el hecho surge del mismo debate, siempre tendrá, como en el primer caso, la posibilidad de solicitar la suspensión del mismo hasta por diez días, para prepararse adecuadamente o bien para ofrecer nueva prueba, si fuere necesario. Como bien se señala en doctrina, “...es posible de este modo ampliar durante el juicio el tema de la discusión, en nombre de una exigencia de economía procesal...”...los vicios deben ser esenciales para que justifiquen ser corregidos, es decir, debe ser de tal magnitud que incidan en la labor de defensa del imputado...ese parámetro será siempre el derecho de defensa...”

 

Actualmente el  problema de las nulidades de las acusaciones en debate no existe, al menos como práctica sistemática.  El CPP prohíbe so pretexto de nulidades retrotraer las causas a fases precedentes, instauró como se dijo la audiencia preliminar, en la cual entre otras actividades se revisa la acusación por parte del órgano jurisdiccional, y lo más importante: se delimitó el rol del fiscal. A él corresponde la labor de investigar y de acusar, apartando ese interés inquisidor  de manos del juez.

 

De manera que siendo consecuentes con la idea de una justicia procesal dinámica, acorde con los cambios legales y teóricos de nuestros tiempos, sería  de esperar que los nuevos roles de los fiscales y de los jueces definidos en el CPP y en todo el pensamiento jurídico que le dio sustento a la Reforma, incidan en una actividad tan trascendental dentro del proceso como lo es la  modificación, corrección y ampliación de la acusación.

 

Observemos con algunos ejemplos cómo ha leído nuestra Sala de lo Penal los cambios jurídicos de nuestro tiempo:

 

Sentencia 46-1999, dictada el 15 de enero de 1999: Se trata de un caso por homicidio cuya acusación original describe las circunstancias periféricas al hecho, sin describir que el imputado dio muerte al ofendido. La acusación se corrigió mediante la llamada “notificación oral supletoria” La Sala estimó que

...el Tribunal de juicio prácticamente determinó al Fiscal para que enmendara el yerro ampliando la acusación. Sin embargo, dicho saneamiento resultó ilegal, pues la ampliación  de la acusación  que autoriza el artículo 347 del Código Procesal Penal se refiere a nuevos hechos o circunstancias que no hayan sido mencionados en la acusación, que modifiquen la acusación legal o integren un delito continuado, y en le presente asunto no se trató de un hecho de tal naturaleza, sino en realidad del hecho concreto propiamente constitutivo o esencial del delito acusado...”

La Sala declaró la nulidad y ordenó el reenvío.

 

Sentencia 141-2002, dictada el 22 de febrero de 2002: También se trata de un caso por homicidio cuya acusación original describe las circunstancias periféricas al hecho, sin describir que el imputado dio muerte al ofendido. La acusación fue corregida en la fase de audiencia preliminar, pero remitiendo los autos al Ministerio Público,  quien luego formuló una segunda acusación  que sí describía la totalidad de la acción típica. La Sala conoció por medio del recurso de Casación y absolvió al imputado. Indicó la Sala que la acusación

 

debe contener la determinación concreta del hecho atribuido, y si no lo contiene, el requerimiento fiscal carecería de fundamento, lo que constituye un vicio esencial, situación que, como en el caso que nos ocupa, si es valorada durante la audiencia preliminar, el juez del procedimiento intermedio , encargado de controlar la procedencia de lo acusado o la querella, se enfrenta a dos posibilidades de actuación: a) desestimar total o parcialmente la causa o bien sobreseer al imputado...el saneamiento se refiere a defectos formales, secundarios o periféricos, pero nunca a la esencia misma  de la acusación...la decisión de la juzgadora, cuestionada en esta impugnación, vulnera también los principios de objetividad e igualdad entre las artes, en el tanto se le permite a una de ellas-el órgano acusador- una oportunidad de enmienda que la ley no faculta, favoreciendo la deficiencia en el ejercicio de la función pública, en detrimento de los derechos de los restantes sujetos del proceso.” .  

 

Sentencia 965-2004, dictada el 13 de agosto: Se trata de un caso por venta de droga en el cual la acusación no individualiza la conducta de uno de los imputados. Se menciona a un sujeto y el tribunal de juicio consideró que se trataba de un error material el no consignar el nombre del encartado. La Sala indica que en este caso concreto se trató de

“material esencial de la imputación, cuya introducción oficiosa por los juzgadores, invade potestades del órgano acusador que no le corresponden, quiebra el equilibrio procesal entre las partes   y lesiona gravemente el derecho de defensa”. También dijo la Sala que “Lo que resulta absolutamente reprochable es el rol procesal desempeñado en este caso por el Ministerio Público, porque es su deficiente intervención la que culmina con una acusación totalmente incompleta, mal estructurada, que pese a que se origina en toda una investigación de la que existen incluso filmaciones, sea incapaz de identificar claramente a los acusados y el rol por ellos evidenciado a lo largo de esa investigación...”

 

En similar sentido se había pronunciado la Sala en su resolución número 592-03. En la resolución 965-2004 la Sala indica que no debe sentar reglas específicas, porque esta materia debe resolverla el juzgador en cada caso concreto, siendo deber del juez ponderar las prerrogativas y las variables de cada caso concreto, atinentes a la etapa procesal, las posibilidades reales de defensa que la modificación permite y el equilibrio de fuerzas procesales de cara a los principios de necesidad, proporcionalidad,  razonabilidad y buena fe al litigar. La Sala anuló el fallo en cuanto al imputado afectado y declaró la absolutoria.

 

(Ver en el mismo sentido las sentencias de la Sala números 841-01 y 102-2003)

 

Sentencia 1211-2004, dictada el 22 de octubre: El Ministerio Público incluyó un hecho nuevo en la acusación, luego de que la ofendida declaró en debate. Se trata de una causa por abusos sexuales contra persona menor de edad que no admite la figura del delito continuado. El tribunal de juicio aceptó la ampliación y condenó por los dos hechos. La Sala Tercera con buen tino anuló el fallo en cuanto a la condenatoria por ese hecho incluido en la fase de juicio.

 

Sentencia 984-2004, dictada el 31 de octubre: Se trata de un caso en que en la fase de debate el fiscal hace una ampliación oral de la acusación incluyendo un hecho que indica que las lajas que intentó sustraer el imputado estaban destinadas al uso de la comunidad y se modifica la calificación jurídica a tentativa de robo agravado. El juez se declara incompetente  y declara la ineficacia de la audiencia preliminar y del auto de apertura a juicio y todas las resoluciones posteriores, enviando el asunto al Ministerio Público para que reformule la acusación con el resultado de una peritación.  El Ministerio Público formula una segunda acusación que incluye un hecho tercero en donde dice que los bienes que se intentaron sustraer tienen gran valor histórico cultural. El nuevo juez de juicio condenó pero con base en la acusación inicial y la corrección hecha oralmente ante el anterior juez de juicio. Como vemos este caso se complicó de manera innecesaria puesto que se trató de un caso en el cual había que aplicar desde el principio el numeral 347, al tratarse de circunstancias agravantes. En este sentido la Sala declaró sin lugar la casación por estimar que no hubo perjuicio alguno para el imputado, quien nunca vio lesionado su derecho de defensa. No obstante lo sencillo del caso, la Sala hace otras observaciones y aseveraciones que no es posible pasar por alto en el tratamiento del tema. Veamos:

a)      Modificación el la Fase Intermedia: La Sala estima que si el artículo 317 del CPP establece un plazo de cinco días luego de formulada la acusación para objetar defectos formales y substanciales en la Etapa Intermedia, el juez penal puede pronunciarse respecto de esas objeciones, ya que tiene el deber, según el numeral 319, de resolver todas las cuestiones planteadas. El numeral 15 se aplica, según la Sala, sólo para corregir “defectos formales saneables”  en las “gestiones , recursos o instancias de constitución” de los sujetos procesales,  pero los numerales 177, 178 y 179 del CPP, junto con el 317 y 319  citados,  permiten corregir defectos sustanciales en la acusación en la etapa intermedia. 

b)      Modificación en la etapa del debate: La acusación sí puede ser modificada, de acuerdo con el numeral 347 del CPP, para “incluir hechos nuevos que integran el delito continuado o configuran circunstancias agravantes del delito. La corrección de errores materiales o de circunstancias que no modifican esencialmente la acusación ni siquiera se consideran ampliación de la acusación...” y no se trata de saneamiento de actividad procesal defectuosa.

c)      Circunstancias que sí modifican sustancialmente la acusación: He aquí el punto medular y más débil de esta resolución, porque luego de remitirse de manera rigurosa a las posibilidades legales para modificar la acusación en los casos ya citados (puntos a y b), tácitamente admite que no hay norma que permita modificar sustancialmente la acusación en la fase de juicio, y sin embargo sostiene que ello es posible. Dice la Sala:

“Queda por resolver el problema de los defectos de la acusación que no impliquen la inclusión de hechos nuevos configurativos de agravantes o delitos continuados, o que no sean errores materiales o circunstancias que no modifican sustancialmente la acusación.”

Es decir: el caso de acusación con defectos, que el Ministerio Público pretende subsanar fuera de los presupuestos del numeral 347 (agravantes y delitos continuados), que no son errores materiales y que son circunstancias que sí modifican la acusación. A este respecto indica erróneamente la Sala:

“En realidad no estamos frente a un problema de etapas procesales, sino de derecho de defensa. Si la corrección de la acusación se hace dando al imputado la posibilidad de declarar y ofrecer prueba sobre los cambios de la acusación, ordenando incluso la suspensión del debate hasta por diez días para preparar la defensa, no hay razón para impedir la corrección de defectos sustanciales de la acusación en la etapa del debate.”

Desde luego que la pregunta obligada sería: ¿Si esa fuera  la regla, cuál sería el sentido de la existencia de las normas que expresamente contienen los casos en que es posible la corrección de la acusación? ¿Para qué normar lo menos si se puede lo más?

En el mismo sentido que el fallo en comentario ver la resolución de la Sala Número 885-04.

 

Esta postura de la Sala, que en otro ámbito cultural no habría tenido mayores consecuencias, [7] puesto que lo único que realmente vino a resolver fue un caso en el cual se dio la corrección de la acusación por agravación del hecho, tuvo en nuestro país consecuencias inadmisibles. Veamos:

En un caso por lesiones culposas en el cual el Ministerio Público pretendió corregir la acusación en la fase de debate, para indicar que el imputado irrespetó una señal de alto y no que se había acercado progresivamente hasta golpear la bicicleta del ofendido por detrás, el juez de juicio rechazó la solicitud, llevando a cabo el debate con la acusación original y absolvió al imputado. Entonces el Ministerio Público formuló Casación y el Tribunal resolvió declarar con lugar el recurso, anulando la totalidad de la sentencia y ordenó el reenvío.  Se trata de la Sentencia del Tribunal de Casación 20-2005 del 27 de enero pasado. Para arribar a esta conclusión, estimó el tribunal que no era de aplicación por parte del juez de juicio el numeral 347 de CPP que establece la posibilidad de modificar la acusación, sino que se trató de una “acusación correctiva” en los términos del voto 984 –03 de la Sala Penal. Estimó el Tribunal de Casación que el criterio citado es de aplicación porque el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:

“Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.”

De modo que habiendo sido alegado por el Ministerio Público  ante el juez de juicio el precedente 984 citado, el Tribunal de Casación consideró que constituyó falta de fundamentación del juez de juicio no indicar las razones de su desaplicación,  por lo cual anuló el fallo. Sin embargo, de la misma sentencia del Tribunal de  Casación se desprende que el juez sí fundamentó su postura, según se deja ver en la cita literal que consta en el considerando III de la sentencia del Honorable Tribunal. No obstante, se trata de una posición asumida por el Tribunal de Casación, muy comprensible en el marco de nuestra cultura jurídica, como reacción frente al voto 984-03 de comentario, que generó una distorsión del mensaje emanado sobre cuán acusatorio queremos que sea nuestro proceso penal.     Dichosamente, el Tribunal de Casación Penal con sus distintas integraciones, tiene muchos otros fallos en los cuales claramente ha indicado que si el hecho agregado es diverso del acusado, tanto temporal como espacialmente, no es procedente la ampliación de la acusación cuando esté fuera de los presupuestos del numeral 347 del CPP.

Dichosamente también, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un voto mediante el cual da cuenta de una lectura más acorde con los cambios legales y teóricos de nuestra disciplina jurídica,  posibilitando una práctica procesal más democrática. Se trata del voto número 2005-00375, que a continuación analizo.

 

VII CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE UN ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO POR AUDIENCIAS :

 

i. Aspectos generales:

 

Si decimos que  un sistema acusatorio es reflejo de un sistema político democrático, no solamente por la posibilidad de participación en la discusión o litigación activa del caso a resolver, sino también por la existencia de frenos y contrapesos en el que cada parte tiene un rol muy definido que cumplir y una responsabilidad de control sobre las actuaciones de los otros intervinientes,  entenderemos que cada parte debe cumplir con sus obligaciones de manera eficiente en las oportunidades previstas para ello. 

Es responsabilidad del Ministerio Público formular una acusación completa antes de la apertura a debate, a efecto de que el imputado cuente con la efectiva posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En aquellos casos en que la ley lo permite, y no se afecta ese derecho, por la vía de excepción la modificación es posible.

No debe ser interés del tribunal solventar las deficiencias de las partes  en el desempeño de su rol procesal, mucho menos si ello perjudica al imputado. El imputado y la victima como administrados que son, tienen derecho a que se respete el proceso legal, el cual, en este modelo, está diseñado por fases o etapas  que cumplen cada una distintas funciones. De modo que no resulta admisible, en las fases avanzadas del proceso, bajo el pretexto de salvar el asunto, venir a reparar errores graves en el desempeño de las partes en las fases anteriores.

 

Sin duda alguna, los vértices para articular el tema de la oralidad con el tema de la corrección y ampliación de las acusaciones, deben ser: el derecho de defensa, el principio de legalidad procesal, y el imputado como ser humano quien es fin y no medio.

 

 

 

 

                                                           Ser humano                                           

 

 

 

                   Legalidad procesal

                                                                                         Derecho de defensa

 

Desde el numeral primero Constitucional sería imposible ignorar el imperativo democrático de que la acusación quede fijada en un soporte material en una fase procesal definitiva (fase intermedia), pues de lo contrario  el imputado estaría siendo tratado como mero instrumento para la represión y no como sujeto del proceso, cuya participación activa y real en juicio requiere de una definición muy clara de los hechos acusados en la fase intermedia, momento procesal fijado por el legislador como aquel a partir del cual el encartado conoce con claridad los hechos concretos por los que será juzgado y a partir del cual debe preparar el debate. Ninguna norma procesal autoriza en Costa Rica, modificar los hechos de la acusación en juicio, más allá de lo permitido en los numerales 347 y 348 del CPP. Sobra decir que las interpretaciones extensivas en esta materia irían a contrapelo con  la naturaleza pública del derecho penal, arrogándose el Estado facultades no permitidas por la ley, en perjuicio del administrado.

 

Por todo lo dicho,  con base en  los principios de un sistema acusatorio,  en la lógica de un sistema  procesal por audiencias y en el marco de  un sistema democrático de derecho, no es posible justificar la  ampliación de la acusación en la fase de juicio, más allá de lo permitido expresamente por la ley y lo meramente formal e insignificante para el derecho de defensa del imputado.  En este sentido, me ha parecido muy atinada la resolución número  2005-00375 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las diez horas del seis de mayo de dos mil cinco. Se trata de un caso en el cual la acusación solo decía que se había obtenido información sobre la ilicitud que se endilgó al imputado y que se procedió a realizar intervenciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, lográndose decomisar droga, pero no se concretó  las acciones que los justiciables realizaron de manera individual y que debían estar relacionados a cómo obtuvieron, transportaron y manejaron la droga.  Durante el debate, ante las objeciones que presentaron de nuevo los defensores de los imputados sobre este tema, luego de leer la acusación, el representante del Ministerio Público, con la autorización del Tribunal de Juicio,  procede a presentar una nueva acusación en la que se describe un cuadro fáctico totalmente distinto al que en un inició se formuló para solicitar la apertura a juicio en la causa.  Sobre ello indicó la Sala:

 

“...el actuar del Ministerio Público al solicitar en debate la aplicación del artículo 348 para corregir algunos errores en cuanto a las conductas que realizaron y la distribución de tareas que les correspondía a cada uno de los imputados en estos hechos (...), incluyéndose con esto los elementos configurativos del delito, resulta del todo arbitraria e ilegal.  No se está ante una simple corrección de errores materiales o de inclusión de circunstancias sin relevancia para efectos de la defensa, es decir, meramente formales, como lo afirma el representante del Ministerio Público en la audiencia oral o vista celebrada en esta sede (...), sino que lo que realiza es una nueva acusación contra los justiciables... suplantándose la anterior... Se está así, no solo ante un quebranto al principio de congruencia que debe existir entre lo que se acusa en un primer momento y lo que se resuelve al final en sentencia, sino también ante una evidente deslealtad procesal en el actuar de los representantes del ente acusador, amparada por el Tribunal de Juicio, que es sorpresiva para las otras partes y que los coloca en un estado de indefensión, lo cual no se puede subsanar con la simple suspensión de debate por diez días, pues una cosa es ser informado y convocado a juicio para prepararse, pasando por las diferentes diligencias y etapas que se ocupan para ello, y otra que, ya en pleno debate, por un criterio antojadizo, arbitrario y sorpresivo del titular de la acción penal, se les informe a los interesados que el cuadro de hechos que se va a juzgar es otro y no el que habían conocido y discutido previamente.”  

 

Estimó la Sala que tal proceder no constituye ni la ampliación de la requisitoria fiscal que se prevé en el artículo 347 de la normativa procesal penal, ni la corrección de errores o inclusión de circunstancias que se prevé en el numeral 348 de esta misma normativa, conforme se había indicado en los votos No. 965-2004 y No. 1211-2004. 

 

ii. Modificación de la acusación en un proceso penal  por etapas

 

Importante es resaltar la concepción que tiene la Sala sobre el  proceso penal constituido por  fases o etapas. 

Bajo la perspectiva de un proceso adversarial, las  fases o etapas procesales no deben su existencia a la comodidad de la administración de justicia, a la conveniencia de la investigación, o a simples criterios de organización del proceso penal. Se trata de garantías procesales, de fases que garantizan el derecho de defensa del imputado, mismo que debe practicarse de forma real y efectiva, esto es, sin festinar la naturaleza del debido proceso. La Sala Tercera en el fallo de comentario demuestra una total comprensión de esta idea, al indicar::

 

“No bastaba además, como lo estimaron los Juzgadores en debate, la lectura de un nuevo cuadro fáctico, distinto al anterior (y que se presentó con la nueva solicitud de apertura a juicio que se agregó al expediente a folio 661 y siguientes), era indispensable que durante la tramitación de la causa se cumpliera con todas las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico con el propósito de que se ejercieran los derechos respectivos; entre los que se encuentra, el ser informado de la existencia de una acusación con todas las exigencias dispuestas en la ley.  Estas garantías y derechos no sólo se encuentran recogidos en nuestra normativa interna, sino también en la de orden internacional, como lo es la “Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, en donde se encuentra regulación expresa al respecto.  De manera específica, en el artículo 8 se establece el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, ante la sustanciación de cualquier denuncia o hecho de naturaleza penal que se presente en su contra (Art. 8.1).  Asimismo, se prevé el derecho, en plena igualdad, de una “una comunicación previa y detallada” de lo que se le acusa (Art. 8.2.b) y de una “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa” (Art. 8.2.c)...”

 

 

iii. El proceso penal como ejercicio democrático.

 

Por otra parte, celebro la visión que anuncia la Sala en este fallo,  sobre el proceso penal como verdadero ejercicio democrático con distribución de funciones y controles, al indicar:

 

“...se está ante un supuesto o hipótesis en donde lo que se pretende salvaguardar no es sólo un derecho constitucional, que los principales responsables o encargados del proceso negaron reconocer, sino la misma institucionalidad y legitimidad del sistema de justicia penal como pilar de un Estado Democrático de Derecho (sea de aspectos sustanciales)...”

 

Y desde luego que ese Estado Democrático de Derecho exige el tener al ser humano como centro, a partir del numeral primero Constitucional. Así lo reconoce la Sala al indicar: 

“ (de lo contrario)...estarían permitiendo un poder de disposición procesal inadmisible, en donde el ser humano se convierte tan sólo en un medio o instrumento más en función de dicho poder, cuando en realidad debe ser el fin u objetivo sobre el cual debe girar el proceso...”

 

 

iv. Sobre los roles dentro de un sistema adversarial

 

Obsérvese entonces cómo esta resolución es consecuente con la idea de un proceso adversarial o acusatorio, en el cual cada parte ejerce su rol, y no es admisible que en un ejercicio autoritario y paternalista, los jueces pretendan cohonestar una situación que afecte a un individuo con tal de justificar actuaciones estatales equivocadas.  La mediocridad no es tolerable, y la conciencia sobre el ejercicio de los roles dentro de la justicia como un servicio y no como mera inquisición se hace presente en la resolución de la Sala:

 

En otras palabras, se pretende mantener y respetar un sistema en donde la desidia o inoperancia funcional de los intervinientes del proceso debe quedar en el pasado para dar entrada a los derechos y las garantías que las personas gozan, por el solo hecho de ser tales.   No sobra agregar además, que esta Sala no puede prohijar este tipo de actuaciones, pues el límite entre lo subsanable o convalidable frente a lo que no lo es, conforme a la tesis que se mantuvo en la causa por parte del Tribunal prácticamente desaparece, lo que resulta a todas luces peligroso e inaceptable, pues los juzgadores en procura de salvaguardar el proceso por el proceso mismo, sin ponderar las consecuencias que ello puede acarrear...

 

Incluso la Sala detalló cuál era la actuación correcta de cada interviniente procesal según su rol:

“Consecuentemente, previo a haber trasladado la respectiva pieza acusatoria en contra de los imputados, el Ministerio Público debió de haber procedido a formularla de manera correcta y respetando las exigencias impuestas por la normativa procesal, pues el cumplimiento de este requisito constituye un paso indispensable para poder trasladar la acusación o querella al Juez de la etapa intermedia.  Por su parte, el Juez de la etapa intermedia, conforme a las funciones que le competen, previo a dictar el auto de apertura a juicio respectivo, tiene el deber o la obligación de cerciorarse que efectivamente se haya cumplido con todos los trámites o requisitos exigidos por ley para solicitar que la causa se envíe a debate.  Por ello, de recibir la solicitud de apertura a juicio sin que se cumpla con las formalidades y requisitos que se imponen, ya sea de oficio o a solicitud de parte  (como sucedió en esta oportunidad), de inmediato lo que debe de hacer es señalar el defecto y remitir nuevamente el expediente ante el Ministerio Público para que éste corrija el defecto formal que aprecia, en tanto así lo permiten los artículos 15 y 179 de la normativa de rito.  En otras palabras, previo a ordenarse la apertura a juicio y de haberse constado la existencia de un defecto formal que resultase posible sanear, lo que procedía era que la autoridad jurisdiccional de la etapa intermedia, como responsable de la legalidad procesal, ordenase al órgano requirente el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, a fin de no causar quebranto o inobservancia alguna al debido proceso y al derecho de defensa.  De no cumplirse con este proceder, e incluso de haberse ordenado la apertura a juicio, el defecto al formularse la acusación por parte del Ministerio Público se hace insubsanable, pues es imposible que el quebranto a un derecho constitucional pueda quedar subsanado (defecto sustancial); por ende, la devolución del proceso a etapas anteriores o precluidas no es procedente cuando aquél se ha producido.”

 

Del análisis del antecedente citado podemos extraer, que el más alto tribunal costarricense en materia penal se acerca cada vez más a la idea de un proceso marcado por los principios acusatorios, llevando sin temores y con gran independencia judicial la democratización a los casos concretos sometidos a su conocimiento. Y es que el antecedente estudiado no es un caso aislado. Es una línea jurisprudencial que se muestra con vigor, y que se dejó ver muy claramente por ejemplo en aquel valioso fallo en el cual la Sala rechazó la tesis de un tribunal de juicio que había aceptado  celebrar un debate por varias causas a pesar de que el imputado no había sido indagado por una de las causas en la fase correspondiente por una de ellas. También se mostró esta línea jurisprudencial en la reciente sentencia que anuló un pronunciamiento judicial y el juicio que le precedió por violar los principios de concentración y con él el derecho de defensa. [8]

Se esperaría que esta línea jurisprudencial que demuestra un ejercicio jurisdiccional ético, democrático e independiente, tenga efectos expansivos a lo largo y ancho del país, así como  a lo largo y ancho de la gran gama de situaciones procesales que han sido abandonadas a la cultura inquisitiva.  Costa Rica lo merece.

 

VII. BIBLIOGRAFÍA:

 

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De La Rua (Fernando) El Recurso de Casación. Buenos Aires, Editor Víctor P de Zavalía, 1968.

 

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LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Alberto, La Oralidad en el Proyecto de Código Procesal General de Costa Rica, en VII Edición del Curso Destrezas en Oralidad, San José, Costa Rica, junio 2004.

 

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Revistas:

 

ARMENTA DEU, Teresa, El Proceso Penal: Nuevas tendencias, nuevos problemas, en Revista de Ciencias Penales, año 9, número 13, agosto, San José, Costa Rica, 1997.

 

BINDER, Alberto, Reforma de la Justicia Penal y Constitucional: del programa político al programa científico, en Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 11, número 16, San José,  Costa Rica mayo, 1999.

 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel, La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del proceso penal, en Revista de Ciencias Penales, Número 11, San José, Costa Rica.

 

MADRIGAL ZAMORA, Roberto, La oralidad durante la fase preparatoria del nuevo Proceso Penal, en Revista de Ciencias Penales, Año 10, número 15, diciembre 1998, San José, Costa Rica.

 

QUIRÓS CAMACHO, Jenny, La ausencia de defensor en la recepción de testimonios por anticipo jurisdiccional, en Revista  Defensa Pública, N.º 3, octubre, año 2003, San José, Costa Rica.

 

RIEGO, Cristián, Informe Comparativo: Proyecto Seguimiento de los Procesos de Reforma Judicial en América Latina, en revista Sistemas Judiciales N.º 3, Buenos Aires.

 

RIEGO, Cristián y Fernando Santelices, Seguimiento de los Procesos de Reforma Judicial en América Latina: Segundo Informe Comparativo, en Revista Sistemas Judiciales N° 5, Buenos Aires, 2003.

 

RODRÍGUEZ ANCHÍA, Leovigildo, Algunas nociones en torno a la Instrucción Penal Preparatoria, en Revista de Ciencias Penales, año 5, N.º 7, julio, San José, Costa Rica, 1993.

 

VARGAS, Juan Enrique, Organización y Funcionamiento de los Tribunales en el Nuevo Sistema Procesal Penal. En Nuevo Proceso Penal. Editorial Jurídica Cono Sur Ltda. Santiago, 2000.   

 

Velez Mariconde (Alfredo) Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial Lerner, 2da Edición, 1969, ; T II p 221.

 

 

TESIS

 

QUIRÓS CAMACHO, Jenny, JOVEL SÁNCHEZ, Carlos, La etapa preparatoria del proceso penal en Costa Rica: aplicación de los principios de justicia, oralidad e informalidad Tesis para optar al grado de Maestría en Ciencias Penales, Universidad de Costa Rica, San José, agosto, 2002.

 

QUIRÓS  CAMACHO, Jenny, Pensamiento jurídico y oralidad en los procesos judiciales. Tesis para optar al grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía de  la Universidad Nacional, Heredia, 2005.

 

OTROS:

 

Poder Judicial, Informe Estadístico del Poder judicial, 2001.

 

Poder Judicial, Informe Estadístico del Poder judicial, 2002.

 

Poder Judicial, Informe Estadístico del Poder judicial, 2003.

 

Poder Judicial, Informe Estadístico del Poder judicial, 2004.

 

 

 

 

 



·        

·       Doctora en Pensamiento Latinoamericano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional

·       Master en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica

·       Jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de  San José.

·        

[1] Las reformas procesales ocurridas en los años setentas y ochentas en la mayoría de los países europeos que siguen una tradición romano-germánica, principalmente Alemania, Italia, Portugal, España) le sirven de fundamento al nuevo Código, así como el Código Procesal Penal Tipo para Ibero América y el Código Procesal Penal de Guatemala y el de algunas provincias Argentinas. Y los proyectos de otros países latinoamericanos. ( Así, González Álvarez, Introducción General O. Cit. )

 

[2]   “Con sólo pocas excepciones, la mayoría de países de  habla hispana en América Latina han mantenido diferentes versiones del sistema inquisitivo... Sólo en las décadas recientes, en las que se ha generalizado el proceso de transición  hacia la democracia desde diferentes formas de dictadura militar, la mayoría de estos países ha iniciado procesos de reforma de sus sistemas de enjuiciamiento criminal, algunos de ellos ya aprobados e implementados.” Riego, Cristián, La Reforma Procesal Penal Chilena, en documentación de Curso Interamericano sobre Instrumentos para la Implementación de un Sistema Procesal Penal Oral y Acusatorio, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, La Serena, Chile, marzo 2003, Pág. 15 y 16.

[3] Y cuando digo escuche quiero indicar literalmente escuche, no lea.

[4] Platón tuvo conciencia de que “con el maestro que siembra palabras (escritas), las que no pueden ni hablar por sí mismas ni enseñar adecuadamente la “verdad” a otros, se había inaugurado una época totalmente nueva, y que el uso del alfabeto haría imposible el regreso al pasado oral”. Illich, Ivan, Op. Cit. Pág. 56.

[5] Según los Informes estadísticos del Poder Judicial, en el año 2004 el proceso penal tardaba en promedio 21 meses desde su inicio hasta el dictado de la sentencia. De esos 21 meses, 14 meses y dos semanas se consume en las fases previas al debate.

[6] Artículo 39 Constitucional: A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta..., previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad...

 

 

[7] Me refiero aquí a la actitud de nuestros jueces de asumir los pronunciamientos judiciales de la Sala como si fueran ley, frente a los cuales sólo conciben un papel de sumisión. Esta superioridad jerárquica en lo jurisdiccional, que va de la mano con una justicia de rasgos escritos no es inocua desde el punto de vista de un análisis del poder como lo es el análisis de la independencia judicial. En efecto,  Mirjan R. Damaska, al analizar la historia de los mecanismos de la justicia europea continental indica “Los funcionarios judiciales, ahora organizados en una jerarquía, dejaron de ser percibidos como independientes del centro del poder del Estado Y a diferencia de los jueces de la iglesia, los adjudicatores seculares dejaron de estar autorizados a adaptar las ordenanzas y otras fuentes legales para que se conformaran con su conciencia. Se pensaba que la integridad de una autoridad central poderosa requería un gobierno mediante reglas. Los jueces de niveles superiores consideraron muy aceptable la disminución del espacio para la discrecionalidad: Se acostumbraron a decidir sobre la base de documentos ordenados que eliminaban matices personales o de situación que pareciesen confusos, y que pudiesen ejercer presión hacia la libertad de acción a la hora de tomar decisiones. Como decía una máxima burocrática del período quod non est in actos non est in mundo (lo que no está en un expediente no existe) El apego a las reglas también afectó las actitudes hacia los precedentes judiciales. Las decisiones de las cortes superiores, vinculantes o no, no fueron tratadas como ejemplos de cómo una situación real se había resuelto en el pasado, para poder comparar el caso sub judice con esos ejemplos de decisiones anteriores. Más bien lo que el magistrado buscaba en los “precedentes” era un pronunciamiento del poder superior según una regla, y los hechos del caso quedaban en penumbras....Montesquieu expresó perfectamente esta actitud continental  “lógico legalista” respecto a los precedentes, afirmando que los juicios previos son meramente “un texto de la ley más preciso. En suma, mucho antes de la Revolución Francesa, el aparato judicial continental incorporó rasgos que he asociado con la idea jerárquica”Damaska Mirjan R., Las caras de la justicia y el poder del Estado. Análisis comparado del proceso legal, Yale University, 1986 Traducción de Andrea Morales Vidal Editorial Jurídica de Chile, 2000.

 

[8] Caso del Estado contra  los imputados Martínez, por el delito de Peculado.